Preguntas y respuestas sobre el procedimiento de divorcio en Taiwán: mediación, litigio, división patrimonial e hijos

En un asunto de divorcio en Taiwán, además del modo de poner fin al vínculo matrimonial, deben distinguirse la ordenación del registro de hogar (戶籍), la eficacia en el extranjero, el patrimonio conyugal, la indemnización, los alimentos del cónyuge tras el divorcio (贍養費), las decisiones relativas al menor (未成年子女) y la pensión alimenticia (扶養費). Aunque un mismo hecho pueda servir de material para varias reclamaciones, los requisitos y efectos de cada derecho, el objeto de prueba y los plazos no son iguales.

En particular, para una familia conectada con dos o más Estados o territorios (Taiwán y otro país), es difícil fijar el procedimiento mirando solo la nacionalidad de una parte o el lugar de inscripción del matrimonio. Si se confirman primero el lugar donde concentran actualmente su vida, el estado de juicios y registros existentes, el lugar de redacción de los documentos, la residencia del hijo y la ubicación del patrimonio, pueden reducirse los procedimientos duplicados innecesarios y los vacíos de ejecución.

1. Tres vías de divorcio en Taiwán y primeras comprobaciones en un asunto internacional

Según el Derecho de Taiwán, las vías de divorcio son, en lo esencial, tres. Primera, el divorcio de común acuerdo (兩願離婚), en el que las partes reúnen los requisitos de forma escrita, testigos e inscripción en la oficina del registro civil (戶政機關). Segunda, el divorcio por mediación o transacción judicial (調解或和解離婚), en el que el acuerdo de las partes se alcanza en el tribunal y el vínculo matrimonial se extingue según el acta de mediación (調解筆錄) o el acta de transacción (和解筆錄). Tercera, el divorcio por sentencia (裁判離婚), en el que se alega y se prueba una causa legal de divorcio y el tribunal dicta sentencia. El mero hecho de que haya acuerdo no hace que los requisitos de validez y los efectos de las tres vías se intercambien.

Si hay elemento extranjero, las cinco preguntas siguientes deben separarse. Si el tribunal o el órgano administrativo de Taiwán tiene competencia o facultad de tramitación; qué ley es aplicable al divorcio, al patrimonio conyugal y a las cuestiones de los hijos; si un divorcio o una sentencia extranjeros se reconocen en Taiwán o qué efectos tienen; qué procedimiento y documentos legalizados (認證) se necesitan para el registro civil de Taiwán; y si en otro Estado o territorio relacionado se necesita una declaración, un reconocimiento o una ejecución separados.

La nacionalidad de las partes, la condición de extranjero o el lugar del matrimonio no deciden por sí solos estas cinco cuestiones. Por ejemplo, si el procedimiento puede tramitarse en Taiwán y si una sentencia extranjera produce efectos en Taiwán son preguntas distintas, y el que el registro civil de Taiwán esté ordenado no implica que quede actualizada por sí sola la inscripción de la relación familiar en el otro Estado. Por eso, antes de elegir el modo de divorcio, conviene ordenar de forma concreta el estado actual del matrimonio y del registro y el efecto jurídico que se desea.

2. Requisitos del divorcio de común acuerdo e inscripción en la oficina del registro civil

El divorcio de común acuerdo del artículo 1050 del Código Civil de Taiwán (民法) produce efectos cuando el acuerdo se hace por escrito, dos o más testigos firman tras constatar la voluntad auténtica de divorciarse de ambas partes, y se inscribe el divorcio (離婚登記) en la oficina del registro civil. El acuerdo firmado por sí solo no completa el divorcio y, si hay elemento extranjero, deben comprobarse por separado la ley aplicable, la legalización y traducción de documentos y la declaración en otro Estado o territorio.

La redacción por escrito, la firma de dos o más testigos y la inscripción del divorcio en la oficina del registro civil son requisitos independientes. El testigo no es quien simplemente añade su nombre a un documento ya redactado, sino quien firma tras conocer y constatar que ambas partes tienen voluntad auténtica de divorciarse. Por ello, un acuerdo privado firmado solo por las partes puede ser prueba de un pacto sobre patrimonio o hijos, pero por sí solo no produce el efecto de estado civil del divorcio de común acuerdo de Taiwán.

Los documentos que realmente deben prepararse —solicitante, si cabe representación, prueba de identidad y datos de registro, escrito de divorcio— deben prepararse según la orientación de inscripción del divorcio del Departamento de Registro Civil del Ministerio del Interior de Taiwán (內政部戶政司) en el momento de la solicitud y según la confirmación de la oficina de registro civil (戶政事務所) competente. Los documentos redactados en el extranjero, según el tipo de documento y el lugar de redacción, pueden requerir legalización (認證) de una misión de Taiwán en el exterior (駐外館處) o de un órgano competente, y, si la orientación oficial lo exige, debe presentarse también una traducción al chino (中文譯本) legalizada o notarial (公證). Una lista fija no se aplica tal cual a todos los asuntos internacionales.

Si la sentencia de divorcio del tribunal de Taiwán es firme, o si se alcanza una mediación o transacción judicial y el vínculo matrimonial se extingue, en principio cualquiera de las partes puede inscribir el divorcio en la oficina del registro civil. Según el artículo 48 de la Ley del registro civil (戶籍法), el plazo general de solicitud de inscripción es de 30 días desde que la sentencia de divorcio de Taiwán es firme o desde que se alcanza la mediación o transacción judicial. El día de notificación o recepción de la sentencia o del acta no es el dies a quo común a todos los asuntos. La solicitud presentada después de ese plazo también debe ser admitida por la oficina de registro civil y, si tras la notificación escrita nadie solicita, la oficina inscribe de oficio el resultado judicial que reúne los requisitos, según el artículo 48-2 de la Ley del registro civil. El haber dejado pasar el plazo de solicitud no revierte un divorcio que ya produjo efectos. La solicitud en línea solo puede utilizarse dentro del plazo legal de solicitud, pero esos 30 días no deben explicarse como un plazo exclusivo de la solicitud en línea.

3. Mediación y litigio judiciales, comparecencia e impugnación

La comparecencia personal no es siempre obligatoria. El tribunal de Taiwán, según la naturaleza del asunto de familia, puede ordenar a la parte o al representante legal que comparezca en persona y, si no se cumple sin causa justificada, según el artículo 13 de la Ley de asuntos de familia (家事事件法) y el artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Taiwán (民事訴訟法) aplicado por analogía, puede plantearse una multa administrativa (罰鍰) de hasta 30.000 dólares de Taiwán (新臺幣, TWD) la primera vez. Ahora bien, si la mediación debe hacerse necesariamente juntos en el mismo espacio, y si son posibles la separación, medidas de seguridad, representación u otras medidas procesales, debe comprobarse según el tribunal y las circunstancias del asunto.

Los asuntos de familia que fija la Ley de asuntos de familia pasan, en principio, por mediación judicial antes del juicio. El asunto que se pide de inmediato como juicio a veces se considera por ley una solicitud de mediación, pero hay excepciones sobre el modo de notificación o la naturaleza del asunto y normas de conversión procesal, de modo que no puede explicarse que todos los asuntos siguen un único orden inmutable. En la mediación pueden ordenarse juntos, además de la voluntad de divorciarse, las cuestiones conectadas de patrimonio, hijos y forma de pago, pero un acuerdo desfavorable para el menor no puede confirmarse tal cual.

La sanción del artículo 13 de la Ley de asuntos de familia solo se plantea cuando el tribunal ha ordenado la comparecencia personal de la parte o del representante legal. Si no se cumple sin causa justificada, se aplica por analogía el artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y puede imponerse una multa administrativa de hasta TWD 30.000 la primera vez, pero esa analogía no permite la conducción forzosa. Si después el tribunal notifica de nuevo de forma lícita y se deja de comparecer sin causa justificada, puede sancionarse de forma sucesiva. A la inversa, tampoco puede prometerse de antemano que en un asunto concreto se permitirán un lugar separado, el modo por videoconferencia, la sola comparecencia del apoderado o medidas de seguridad, de modo que las circunstancias deben comunicarse al tribunal y confirmarse las indicaciones procesales.

Si se alcanza la mediación o la transacción, el vínculo matrimonial se extingue del modo que fija la ley y se produce el mismo efecto que una resolución firme. Si la mediación no se alcanza, el juicio puede continuar según el procedimiento aplicable, y en el divorcio por sentencia lo esencial es que la sentencia sea firme. La duración del asunto varía según la notificación (送達), el número de mediaciones, los hechos y pruebas controvertidos, el peritaje (鑑定) o la investigación, las cuestiones de los hijos, la notificación internacional y la instancia, de modo que no puede indicarse un momento fijo de conclusión.

La impugnación tampoco puede fijarse solo por el nombre del documento. La vía y el plazo varían según si se trata de apelación contra una sentencia (上訴), de recurso contra una resolución (抗告) o de un procedimiento separado que discute la validez o los efectos de la mediación o de la transacción. Tras confirmar la fecha de notificación, si es firme y la posición procesal, debe calcularse el plazo del tipo correspondiente, y el plazo oído en un asunto no debe trasladarse a otro juicio o procedimiento de inscripción.

4. Causas de divorcio por sentencia y límite del cónyuge culpable

La cláusula de salvedad (但書) del artículo 1052, apartado 2, del Código Civil vigente dispone que, si la causa grave de la ruptura del matrimonio (婚姻破綻) es imputable solo a una parte, en principio solo la otra puede pedir el divorcio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Taiwán (憲法法庭), en la sentencia n.º 4 del año 112 de la República de China (2023) (112年憲判字第4號), consideró inconstitucional el alcance en que, sin tener en cuenta si la causa grave surgió o se prolongó durante un período considerable, se priva por completo al cónyuge culpable (有責配偶) de la oportunidad de divorciarse, de modo que en el asunto concreto resulta manifiestamente gravoso. Como el precepto sigue existiendo, no debe afirmarse que siempre es posible o siempre es imposible; hay que ver cómo el tribunal aplica el sentido de la sentencia y los hechos concretos.

El artículo 1052, apartado 1, del Código Civil enumera diez causas que permiten pedir el divorcio por sentencia cuando la otra parte se halla en las situaciones siguientes.

1. Bigamia (重婚)
2. Relación sexual de común acuerdo con persona distinta del cónyuge
3. Maltrato (虐待) a la otra parte hasta el punto de hacer insoportable la vida en común
4. Que una parte maltrate a un pariente en línea recta de la otra, o que un pariente en línea recta de una parte maltrate a la otra, de modo que la vida en común sea insoportable
5. Que continúe el abandono de mala fe (惡意遺棄) de la otra parte
6. Que haya habido intención de matar a la otra parte
7. Enfermedad grave incurable
8. Enfermedad mental grave incurable
9. Ignorancia de si vive o ha muerto durante más de 3 años
10. Sentencia firme de pena de prisión (有期徒刑) superior a 6 meses por delito doloso

El apartado 2 coloca, como causa general separada, el caso en que, por una causa grave distinta de esas diez, es difícil mantener el matrimonio. Por ello, el asunto que alega una causa concreta del apartado 1 y el que alega la dificultad de mantener el matrimonio del apartado 2 deben distinguirse en su estructura jurídica y en el objeto de prueba. Aunque haya vencido el plazo de adecuación que fijó el Tribunal Constitucional sobre la salvedad del apartado 2, al 25 de julio de 2026 el texto de la salvedad no ha sido suprimido, y el tribunal debe aplicar en cada asunto el sentido de la declaración de inconstitucionalidad.

Aunque el cónyuge no pueda ser contactado o haya dejado el hogar, las causas no deben mezclarse. La causa del apartado 1 de ignorancia de si vive o ha muerto durante más de 3 años, la causa del apartado 1 de abandono de mala fe que continúa, y la causa del apartado 2 de otra causa grave que hace difícil mantener el matrimonio son distintas entre sí. La denuncia de desaparición ante la policía puede ser prueba del paradero y del curso, pero no es un requisito previo universal de toda petición de divorcio. Tampoco hay un requisito universal de que deba interponerse primero un juicio de cumplimiento del deber de convivencia para alegar el abandono de mala fe o una causa grave. El mero hecho de haber dejado el hogar durante unos meses no hace nacer ninguna de las causas, y deben examinarse hechos concretos como el motivo de la salida, si hay causa justificada de separación, el contacto y los alimentos, y la continuidad.

Si la relación sexual de común acuerdo con persona distinta del cónyuge encaja en una causa del apartado 1 debe examinarse con los hechos exactos, los requisitos legales y los plazos pertinentes. El que ese hecho exista no determina de forma conjunta la conclusión del divorcio por sentencia, de la indemnización del artículo 1056, de la distribución de la diferencia de patrimonio residual, de los alimentos del cónyuge del artículo 1057, ni del ejercicio y asunción de derechos y obligaciones respecto del menor o de la pensión alimenticia. Cada cuestión se valora con sus propios requisitos y con el criterio correspondiente, como el interés superior del menor.

5. Matrimonio en el extranjero, divorcio en el extranjero y registro civil de Taiwán

Ante un matrimonio celebrado en el extranjero o un divorcio ya producido en el extranjero, no puede considerarse que las únicas opciones sean inscribir primero el matrimonio en Taiwán o litigar el divorcio en Taiwán. Si ya hay un acto de estado civil o una sentencia nacidos en el extranjero, deben comprobarse primero su eficacia y la posibilidad de reconocimiento; si el procedimiento aún no ha empezado, deben compararse la competencia, la ley aplicable y los efectos previsibles de inscripción y ejecución.

Al examinar el asunto se confirman la nacionalidad de cada parte, el domicilio y la residencia habitual (經常居所), el lugar y el modo del matrimonio o del divorcio, el registro civil actual de Taiwán y el registro de relaciones familiares en el extranjero, y la existencia de sentencia, acta de mediación o certificado de divorcio extranjeros. Si hay sentencia extranjera, también debe examinarse la equidad procesal, por ejemplo si la otra parte recibió notificación lícita y tuvo oportunidad de defenderse. Por último, debe precisarse qué efecto se desea en Taiwán: extinción del vínculo matrimonial, cambio del registro, valoración patrimonial o ejecución.

La explicación de que el divorcio se constituyó según el Derecho local extranjero, o un solo certificado de divorcio extranjero, no concluye todos los procedimientos de Taiwán. A la inversa, no todos los divorcios extranjeros requieren el mismo juicio de reconocimiento ni el mismo conjunto de documentos. El reconocimiento o la valoración de efectos y la inscripción en el registro civil que se exigen en Taiwán pueden variar según si se trata de una sentencia o de un certificado administrativo, según el Estado de redacción y la forma del documento, y según el estado de registro de las partes.

Los documentos extranjeros pueden requerir legalización de una misión de Taiwán en el exterior o de otro órgano competente y, según las instrucciones oficiales de cada documento, puede necesitarse una traducción al chino legalizada o notarial. Los documentos redactados en China continental y los redactados en Hong Kong y Macao siguen reglas de verificación separadas, distintas de las de los documentos extranjeros en general, de modo que debe indicarse con exactitud la región de redacción. Antes de presentarlos es necesario confirmar en la orientación más reciente del Departamento de Registro Civil y en el órgano competente los requisitos de original, legalización, traducción y solicitud por apoderado.

6. Titularidad de la vivienda, fondos prenupciales y distribución del patrimonio residual

La titularidad registral no decide por sí sola el reparto. El nombre en el registro de la vivienda y el origen de los fondos de compra son prueba importante, pero las reclamaciones individuales como la propiedad, la donación, el registro a nombre de otro (借名登記), el préstamo y el enriquecimiento injusto (不當得利) son un problema distinto de la distribución de la diferencia de patrimonio residual (剩餘財產差額分配) del artículo 1030-1 del Código Civil de Taiwán. Deben examinarse por separado el acuerdo real, la causa y el momento de adquisición, el flujo de fondos, las deudas, si hubo adquisición a título gratuito y las pruebas; el mero hecho de haber pagado parte del precio con fondos prenupciales o de que el inmueble esté registrado a nombre de una parte no determina todas las conclusiones.

El problema de la vivienda debe dividirse en tres capas. Primero se ve, según el registro y la causa de adquisición, quién es dueño de un bien concreto. Después se ve, según el acuerdo real y el carácter de la aportación de fondos, si nacen donación, registro a nombre de otro, préstamo, fideicomiso (信託), enriquecimiento injusto, reembolso de gastos u otra reclamación contractual. Por último se ve por separado si ese bien o su valor y las deudas conexas entran en el cálculo de la distribución de la diferencia de patrimonio residual al extinguirse el régimen legal de bienes (法定財產制). El mero hecho de haber pagado la señal o el préstamo con ahorros prenupciales no transfiere el nombre del registro, y el registro a nombre de una parte tampoco concluye todos los problemas de contrato, derecho a frutos, reembolso y patrimonio conyugal.

El artículo 1017 del Código Civil distingue el patrimonio prenupcial (婚前財產) y el patrimonio durante el matrimonio (婚後財產) y establece la presunción de que el bien cuyo momento de adquisición es difícil de probar se considera patrimonio durante el matrimonio. Ello es un punto de partida de clasificación y prueba para el cálculo del régimen, no un atajo para fijar al dueño con independencia del registro o para eliminar las reclamaciones individuales de la otra parte. Los extractos de transferencia, el contrato de compraventa, el contrato de préstamo y el historial de reembolso, los recibos (收據), los mensajes entre las partes, los datos fiscales, los datos de registro y la causa y el momento de adquisición deben relacionarse entre sí para que aparezca la relación jurídica real.

El artículo 1030-1 del Código Civil es un régimen que, al extinguirse el régimen legal de bienes, calcula el patrimonio neto durante el matrimonio de cada cónyuge que reúne los requisitos y, en principio, distribuye la diferencia por partes iguales. No es un régimen que convierta en copropiedad todos los bienes adquiridos durante el matrimonio ni que divida cada cosa por la mitad. Los bienes adquiridos por herencia o por otra adquisición a título gratuito y la indemnización por daño moral (慰撫金) se excluyen del cálculo legal, y deben considerarse en conjunto las deudas y las normas sobre disposiciones anteriores a la extinción del régimen. Si el reparto igualitario de la diferencia resulta manifiestamente inequitativo a la luz de las circunstancias legales, el tribunal puede ajustar o eximir el importe de la distribución.

La relación sexual con persona distinta del cónyuge o la responsabilidad por la ruptura del matrimonio no excluyen ni reducen automáticamente el derecho a la distribución de la diferencia de patrimonio residual. Sin embargo, los hechos concretos que encajan en los factores de ajuste que fija la ley —ocultación o disposición de bienes, contribución al trabajo doméstico y a la crianza, el conjunto de la vida en común y de la adquisición de bienes— pueden alegarse y probarse por separado. Tampoco debe afirmarse que el modo de cálculo del artículo 1030-1 cambia solo porque las nacionalidades sean distintas.

Este derecho se extingue si no se ejercita en 2 años desde que se conoció la diferencia de patrimonio residual y, en cualquier caso, en 5 años desde que se extinguió el régimen legal de bienes. Esos dos plazos solo deben vincularse a la reclamación del artículo 1030-1 y no deben utilizarse como plazos de la propiedad, del préstamo, de la indemnización, de los alimentos del cónyuge tras el divorcio o de la pensión de los hijos. El dies a quo real y el momento de extinción del régimen deben confirmarse de forma individual con los datos.

7. Indemnización por divorcio, alimentos del cónyuge, convivencia sin matrimonio y un tercero

No son el mismo derecho. El derecho a la distribución de la diferencia de patrimonio residual del artículo 1030-1 del Código Civil de Taiwán, la indemnización por divorcio por sentencia del artículo 1056, los alimentos de necesidad para el cónyuge sin culpa del artículo 1057 y la pensión alimenticia del menor tienen requisitos de nacimiento, cálculo y plazos distintos. Al derecho a la distribución de la diferencia de patrimonio residual se aplican 2 años desde que se conoció la diferencia y 5 años desde la extinción del régimen legal de bienes, pero esos plazos no deben trasladarse tal cual a otras reclamaciones.

La indemnización del artículo 1056 del Código Civil es un derecho que se examina distinguiendo el daño patrimonial y el daño no patrimonial que reúne los requisitos legales (salvedad del apartado 2 del mismo artículo: que el reclamante no tenga culpa) frente a la otra parte responsable en el divorcio por sentencia. El acto que genera responsabilidad, el daño, el nexo causal y los requisitos separados de la reclamación no patrimonial deben respaldarse con prueba. El mero hecho de que existan hechos relativos a la ruptura del matrimonio no fija un importe determinado ni hace nacer en su lugar otra reclamación patrimonial.

Los alimentos del cónyuge tras el divorcio del artículo 1057 del Código Civil presuponen que, por un divorcio por sentencia, el cónyuge sin culpa cae en necesidad de vida. Debe comprobarse primero si el divorcio es de común acuerdo o por sentencia, si el reclamante no tiene culpa y si, por el divorcio, se halla realmente en necesidad, y el alcance se valora con datos concretos de necesidad y de medios. El gasto medio de consumo de las estadísticas oficiales o la sola falta de la otra parte no pueden tomarse como fórmula vinculante.

Los alimentos del menor son derechos y obligaciones entre padres e hijos, distintos de los alimentos entre ex cónyuges del artículo 1057. La distribución de la diferencia de patrimonio residual del artículo 1030-1 es la liquidación del régimen matrimonial y no sustituye la indemnización ni los alimentos. Si hay reclamación por acto ilícito contra persona distinta del cónyuge, restitución de un bien concreto, préstamo o reclamación contractual, deben precisarse por separado el fundamento jurídico, las partes, el daño y el plazo. No puede adherirse a todos los derechos un único plazo de 5 años desde la fecha del divorcio, y el nacimiento, el conocimiento, el hecho, el estado procesal y las normas de prescripción (消滅時效) de cada reclamación deben comprobarse por separado.

Las partes que conviven sin matrimonio no adquieren, por el mero hecho de vivir juntas, derechos matrimoniales como el divorcio o los alimentos del cónyuge (贍養費). Sin embargo, si realmente hay patrimonio común, préstamo, contrato, registro a nombre de otro, fideicomiso, enriquecimiento injusto o acto ilícito, ello puede analizarse como relación patrimonial o de crédito distinta de si hay matrimonio. Con solo la duración de la convivencia no puede prometerse una distribución que presuponga el matrimonio ni anticiparse la restitución concreta de un derecho.

Un pariente político u otro familiar del cónyuge no es deudor de los alimentos del cónyuge tras el divorcio que fija el artículo 1057 del Código Civil. La sola alegación de que un tercero (第三人) intervino de forma grave o insultó tampoco hace nacer de inmediato una indemnización. La reclamación contra un tercero requiere un fundamento jurídico separado de acto ilícito o de Derecho patrimonial, junto con los requisitos y pruebas correspondientes: acto ilícito, dolo o culpa, daño y nexo causal.

8. Ejercicio y asunción de derechos y obligaciones respecto del menor e interés superior del hijo

Según los artículos 1055 y 1055-1 del Código Civil de Taiwán, el tribunal valora las cuestiones relativas al hijo, entre ellas el ejercicio y la asunción de derechos y obligaciones respecto del menor (未成年子女權利義務之行使或負擔) y el régimen de visitas (會面交往), con el criterio del interés superior del menor (子女最佳利益). Como el tribunal pondera de forma conjunta los factores legales y los datos concretos —edad, salud, voluntad y necesidades de desarrollo del hijo, vida, capacidad de cuidado y actitud de los padres, vínculo afectivo con el hijo y si se obstaculiza la relación con el otro progenitor—, la conclusión no puede fijarse solo con los ingresos de los padres o la responsabilidad por la ruptura del matrimonio.

El concepto exacto del Derecho de Taiwán es el ejercicio y la asunción de derechos y obligaciones respecto del menor. En ello pueden incluirse la residencia, el cuidado cotidiano, las decisiones de educación y salud, la administración de bienes y la representación legal, entre otros contenidos. Por comodidad puede abreviarse como patria potestad (親權) o guarda, pero esa sola palabra no debe considerarse una traducción completa de todos los derechos y obligaciones del Derecho de Taiwán.

Según el artículo 1055 del Código Civil, los padres pueden acordar quién ejercerá y asumirá esos derechos y obligaciones tras el divorcio. Si no hay acuerdo o el acuerdo no se alcanza, el tribunal puede decidirlo, y si el acuerdo es desfavorable para el hijo, el tribunal puede corregirlo o adoptar la decisión necesaria. Tras una decisión existente, si a la luz de las circunstancias y del interés del hijo es necesario un cambio, también puede plantearse el examen judicial. El acuerdo de divorcio firmado no bloquea el examen posterior del interés superior, y el cambio del acuerdo no puede tratarse como un simple trámite de formulario de registro civil.

En el examen del artículo 1055-1 del Código Civil se ponderan de forma conjunta la edad, el sexo, el número y la salud del hijo, la voluntad del hijo y las necesidades de desarrollo de la personalidad, la edad, profesión, conducta, salud, capacidad económica y situación de vida de los padres, la voluntad y actitud de protección y educación, el vínculo afectivo entre padres e hijo y las circunstancias que obstaculizaron la relación del hijo con el otro progenitor. El tribunal oye la opinión del hijo del modo que fija la ley y puede tomar en cuenta la investigación y la opinión de órganos relacionados o de profesionales de bienestar infantil. Los ingresos altos o la responsabilidad por la ruptura del matrimonio son, a lo sumo, uno de muchos hechos, no un criterio único de decisión ni un premio o un castigo.

Si se reúnen los requisitos de validez de la vía de divorcio elegida, el vínculo matrimonial mismo puede extinguirse primero aunque queden algunas cuestiones de patrimonio o de hijos. Sin embargo, ello no debe verse como un atajo recomendable en todos los asuntos. Deben comprobarse en conjunto cómo se conservan y liquidan los bienes no resueltos, qué acuerdo o decisión judicial se necesita sobre residencia, cuidado, salud y educación del hijo, cómo se regulan la pensión y las visitas, y si hace falta una medida provisional (暫時處分) para la seguridad y la continuidad de la vida durante el litigio.

9. Pensión alimenticia, visitas, ejecución forzosa y medida provisional

Según el artículo 1116-2 del Código Civil, la obligación de alimentos de los padres hacia el menor continúa después del divorcio. Es un derecho distinto de los alimentos del ex cónyuge del artículo 1057 del Código Civil. Los gastos de vida, educación, salud y necesidades especiales del hijo, y los ingresos, patrimonio, capacidad de alimentos y el reparto real de cuidados de cada progenitor, deben confirmarse con datos antes de fijar la carga concreta.

Si se pretende cambiar un acuerdo o una resolución de pensión alimenticia existentes, deben examinarse en conjunto las necesidades actuales del hijo, los recursos y la situación de vida actuales de ambos padres, el contenido y la forma del documento existente, el historial de pagos y el interés superior del hijo. No puede restringirse todo cambio a que haya habido necesariamente un suceso que las partes no podían prever en absoluto. A la inversa, el importe del cambio tampoco se fija de inmediato solo con la variación de precios o con la alegación de una parte, de modo que se necesitan datos que prueben el gasto reciente y la capacidad de pago.

Si se obstaculizan las visitas, se examina si puede pedirse al tribunal la decisión o el cambio del contenido, la ejecución o una medida provisional adecuada, según el contenido y la ejecutabilidad del acuerdo o de la resolución existentes, el curso del obstáculo y la voluntad, seguridad y agenda de vida del hijo. Deben ordenarse el acuerdo o la resolución actuales, el registro de comunicaciones, las fechas y lugares en que se intentó el encuentro, la agenda escolar y médica, y los hechos que afectan a la seguridad y la estabilidad.

También en la ejecución del artículo 194 de la Ley de asuntos de familia el método debe elegirse conforme al interés superior del hijo y, según el asunto, puede plantearse la coacción directa o la coacción indirecta. El mero hecho de que el contacto se haya obstaculizado no garantiza el uso inmediato de fuerza física, la entrega del hijo, la sanción a la otra parte o el cambio del ejercicio de derechos y obligaciones respecto del menor. La etapa y el método deben fijarse considerando la edad y la voluntad del hijo, el estado actual de protección y el efecto emocional y de seguridad de la ejecución.

En la ejecución de la pensión alimenticia importan el tenor del título ejecutivo (執行名義) existente, la fecha de pago, el importe impagado y el detalle de pagos; en la ejecución de las visitas importa si el modo y las condiciones de contacto son concretos. El pago de la pensión y el cumplimiento de las visitas no son medios que puedan intercambiarse de forma recíproca, de modo que, en interés de la vida del hijo, cada obligación y cada procedimiento deben tratarse de forma independiente.

10. Traslado internacional con el hijo

El mero acuerdo de que el hijo vivirá fuera de Taiwán no convierte el nivel de coste de vida del país de destino en una fórmula independiente de la pensión alimenticia. Deben examinarse en conjunto los gastos reales de vivienda, educación, salud y desplazamiento y las necesidades del hijo, los ingresos y el patrimonio de ambos padres y la carga de cuidados, y el acuerdo o la resolución existentes. El coste del país de residencia puede ser un dato para valorar el gasto concreto, pero por sí mismo no determina el importe de la carga.

En el traslado internacional se confirma primero quién tiene facultad de decidir la residencia y los viajes del hijo, y si hay consentimiento del otro progenitor o una orden judicial aplicable. Después se examina si el traslado se ajusta al interés superior del hijo y qué efecto tiene en la educación, la salud, la continuidad de la vida y las visitas continuas con el progenitor que permanece. Se necesita un plan realmente ejecutable, como la frecuencia de contacto, la estancia en vacaciones, el coste de desplazamiento y el lugar de entrega.

La expedición y el uso del pasaporte, la entrada y salida de Taiwán y del destino, y los requisitos de estancia, inmigración e inscripción de la relación familiar se distinguen de la decisión civil sobre la patria potestad. También debe comprobarse si la resolución o el acuerdo existentes sobre el hijo pueden reconocerse y ejecutarse en Taiwán y en el destino, respectivamente. Si se teme de forma concreta una salida unilateral, la negativa a devolver al hijo o un riesgo de seguridad, debe examinarse, según cada jurisdicción relacionada, qué medida de conservación o medida provisional puede pedirse antes de la salida o en una situación urgente.

No debe presuponerse que el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores se aplica automáticamente a Taiwán. El traslado, la retención o la restitución transfronterizos del hijo deben confirmarse, según el lugar en que el hijo se hallaba, el lugar en que se halla ahora y el estado de las partes y del juicio relacionados, con el criterio y la posibilidad de ejecución de cada jurisdicción, y no puede llegarse a esa conclusión solo con el nombre de un convenio. No se recomienda llevarse al hijo ni negarse a devolverlo en contra de un acuerdo o de una orden existentes, y antes del traslado deben confirmarse el consentimiento lícito o la resolución y los medios de protección urgente.

11. Prueba y preparación práctica

Los datos se organizan no como una colección para presionar a la otra parte, sino como un registro para explicar con exactitud la competencia, el procedimiento, los hechos y las necesidades del hijo. Si se preparan las nueve categorías siguientes de modo que se vean el orden temporal del asunto y el origen de los originales, se reduce el riesgo de confundir reclamaciones y plazos distintos.

1. Se ordenan la prueba del matrimonio y los datos del registro civil de Taiwán, y la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual y el domicilio actual de cada parte. También se indica si el lugar donde se concentra realmente su vida y el domicilio apto para notificaciones difieren de lo escrito en los documentos.
2. Se reúnen, por procedimiento, el acuerdo escrito de divorcio y el curso en que los testigos constataron la voluntad auténtica de divorciarse, los documentos judiciales, el registro de notificaciones, el acta de mediación, el acta de transacción, la sentencia y la prueba de firmeza.
3. Se confirman el registro de matrimonio o divorcio en el extranjero y la sentencia o el certificado extranjeros, la legalización de una misión de Taiwán en el exterior o de un órgano competente, la traducción al chino y si está legalizada o es notarial, y el estado de reconocimiento, efectos e inscripción en Taiwán.
4. Se conectan con un inventario completo el pacto de régimen patrimonial y el régimen aplicable, los activos, las deudas, el nombre en el registro, la causa y el momento de adquisición, y los datos de transferencias, disposiciones, préstamos, reembolsos, impuestos y valoraciones.
5. Se elabora una cronología neutra de los hechos y tiempos de la causa de divorcio que se alega, y se conservan en estado original las comunicaciones obtenidas de forma lícita, los datos médicos y policiales y las demás pruebas. Se distinguen la conjetura y los hechos comprobados de forma directa.
6. Se preparan, desde el punto de vista del interés superior del hijo, la edad, salud, educación y residencia de cada hijo, el curso de cuidados pasado y actual, la voluntad acorde con el grado de desarrollo, la relación con cada progenitor y los datos de seguridad y estabilidad.
7. Se ordenan en conjunto el acuerdo o la resolución actuales sobre el hijo, el pago de la pensión y el gasto real, el curso de las visitas, los documentos de viaje, la agenda de desplazamientos y el plan concreto de traslado internacional.
8. Se conectan todas las fechas de solicitud, inscripción, apelación, recurso, ejercicio de derechos y ejecución con el hecho de cómputo exacto de cada una. No se mezclan el pronunciamiento, la notificación y la firmeza de la sentencia, el logro de la mediación o de la transacción, el día en que se conoció el derecho y la fecha de extinción del régimen.
9. El número de identidad, el domicilio y los datos médicos, educativos y financieros del cónyuge y del hijo se transmiten solo a las personas y órganos que los necesitan y en el alcance necesario, y se elabora un plan de protección de datos personales que incluye el acceso a los archivos, el modo de envío y la destrucción de copias.

No deben utilizarse como método de recogida de pruebas la vigilancia ilícita, el acceso a cuentas, la intrusión en el teléfono o el ordenador, el rastreo de ubicación, la grabación contraria a la ley ni la divulgación de información privada del hijo. Las represalias contra la otra parte, la ocultación o la transmisión ficticia de bienes y el traslado del hijo contrario al acuerdo o a la resolución también pueden crear riesgos adicionales para el asunto y para el hijo. Si la licitud de los datos o el método de conservación no están claros, deben comprobarse la ley aplicable y el procedimiento judicial antes de recogerlos.

12. Fuentes oficiales

Las fuentes primarias siguientes son el punto de partida para confirmar la estructura jurídica y el procedimiento de este artículo, con referencia al 25 de julio de 2026. Antes de actuar de verdad deben comprobarse de nuevo si hay reformas, la orientación más reciente del órgano competente y el tenor aplicable al asunto.

1. Base de datos de normativa nacional de Taiwán: Código Civil
2. Ministerio de Justicia de Taiwán: versión inglesa del Código Civil
3. Base de datos de normativa nacional de Taiwán: Ley de asuntos de familia
4. Base de datos de normativa nacional de Taiwán: artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
5. Base de datos de normativa nacional de Taiwán: normas sobre medida provisional en asuntos de familia no contenciosos
6. Base de datos de normativa nacional de Taiwán: Ley del registro civil
7. Departamento de Registro Civil del Ministerio del Interior de Taiwán: orientación sobre inscripción del divorcio
8. Base de datos de normativa nacional de Taiwán: Ley de aplicación de las leyes civiles con elemento extranjero (涉外民事法律適用法)
9. Tribunal Constitucional de Taiwán: sentencia n.º 4 del año 112 de la República de China (2023) (112年憲判字第4號)
10. Tribunal Constitucional de Taiwán: versión inglesa de la sentencia n.º 4 del año 112 de la República de China (2023)

13. Orientación relacionada

• Asuntos que atendemos
• Cómo se fijan el alcance del trabajo y los honorarios
• Contacto

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Este artículo tiene fines divulgativos y explica de forma general el divorcio, la familia con elemento de extranjería, el patrimonio conyugal y el régimen del menor en Taiwán; no es asesoramiento jurídico para un asunto concreto. El procedimiento y el resultado pueden variar según la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento de sentencias extranjeras, el estado del matrimonio y del registro civil, el régimen patrimonial, los acuerdos o resoluciones existentes sobre el hijo, los hechos y las pruebas y la normativa oficial más reciente. Los plazos de inscripción, impugnación, reclamación y ejecución deben confirmarse de forma individual, antes de actuar, con el dies a quo exacto de cada derecho y de cada procedimiento.

Wei Tseng (曾雋崴), abogada de Taiwán