El agente de bolsa le pidió el dinero en su cuenta personal: reclamar a una sociedad de valores en Taiwán

Un ingeniero chileno que trabaja en Hsinchu abre una cuenta en una sociedad de valores con su permiso de residencia. Su agente contesta a cualquier hora. Un día le ofrece acciones «con descuento» de la empresa matriz, siempre que le transfiera el dinero a su cuenta personal (ejemplo inventado). Meses después, el dinero no aparece. Faltan acciones. ¿Tiene que reclamarle al agente o también a la sociedad?

Puede reclamar a los dos: la empresa responde con el empleado que causa un daño en el ejercicio del cargo, salvo que pruebe haberlo elegido y vigilado con el cuidado debido (artículo 188 del Código Civil de Taiwán (民法)). Con su permiso de residencia es inversor extranjero «dentro del territorio»: registrado en la Bolsa de Taiwán (requisito para abrir la cuenta), invierte en principio sin límites de ámbito (Reglamento sobre la inversión en valores de los compatriotas de ultramar y los extranjeros (華僑及外國人投資證券管理辦法), artículos 3, 4, 10 y 19). Lo que debe elegir es la vía. Cada una trata de forma distinta a una sociedad que no contesta.

Queja, ombudsman o mediación: qué pasa si la sociedad calla

Si empieza por la sociedad, presenta una queja y ella tiene 30 días para resolverla. Sin respuesta, o con una que no le convence, dispone de 60 días para acudir al Financial Ombudsman Institution (金融消費評議中心) (artículo 13 de la Ley de Protección del Consumidor Financiero (金融消費者保護法)). La sociedad que aceptó de antemano ese procedimiento queda obligada por las decisiones hasta un tope, y por las que lo superan si el cliente rebaja su petición a ese tope (artículo 29). Para la compraventa corriente de acciones cotizadas son 120.000 dólares taiwaneses. Los 1,2 millones se reservan a productos como fideicomisos, derivados o gestión discrecional (aviso de la Comisión de Supervisión Financiera de 18 de marzo de 2022). Aceptada la decisión, el cliente tiene 90 días para pedir la homologación judicial, tras la cual vale como sentencia civil firme (artículo 30, apartados 1 y 4).

La otra vía no pasa por la sociedad. El centro de protección de inversores en valores y futuros (投保中心, SFIPC) media en los conflictos civiles entre inversores y sociedades de valores (Ley de Protección de Inversores en Valores y Operadores de Futuros (證券投資人及期貨交易人保護法), artículo 22). No pide queja previa ni nacionalidad: ninguna de las dos aparece entre las causas de inadmisión del artículo 23, apartado 1, ni entre las de devolución del artículo 12 del reglamento de mediación; basta ser inversor en valores (artículo 4). Cuesta 1.000 dólares taiwaneses por persona y asunto, que se devuelven si la sociedad rechaza mediar o no hay acuerdo (preguntas frecuentes del SFIPC).

Callar le sale distinto a la sociedad según la cuantía. Hasta un millón de dólares taiwaneses, el centro fija la sesión sin preguntarle si acepta (artículo 13-1 del reglamento), y si falta sin causa justificada, los mediadores pueden redactar una propuesta (artículo 25-1 de la ley). La propuesta queda aceptada salvo oposición por escrito en los 10 días siguientes a la notificación (artículo 25-2; artículo 13-2 del reglamento). Por encima del millón, basta no contestar a tiempo para que se entienda que rechaza mediar (artículo 13 del reglamento).

Mientras tanto corre el plazo para reclamar por un acto ilícito: dos años desde que el perjudicado conoce el daño y al responsable (artículo 197 del Código Civil). La mediación lo interrumpe, salvo que la solicitud se retire, no se admita o termine sin acuerdo (artículo 24). Homologado, un acuerdo vale como sentencia civil firme (artículo 26). Y la mediación cabe aun con pleito en marcha, antes de que termine la vista oral de primera instancia (artículo 23, apartado 1, número 4). Con muchos perjudicados por la misma causa, el centro puede demandar en nombre propio si lo autorizan 20 o más (artículo 28).

Dos daños en la misma cuenta

Los dos daños del ingeniero, dinero transferido y acciones vendidas, aparecen en un caso que el Tribunal Superior de Taiwán resolvió el 11 de abril de 2023 sin tratarlos igual (sentencia).

La venta fue lo más claro. En marzo de 2020 el agente vendió acciones del cliente desde el ordenador de la sucursal, en horario de trabajo y sin permiso. Había usado el tiempo, el lugar y el sistema que le daba su empleo, y la sociedad no probó haber vigilado su trabajo como debía. No hubo culpa del cliente que descontar. Sociedad y agente debían devolverle las acciones, que al demandar valían 9.398.700 dólares taiwaneses, contra la entrega de 4.467.600 (lo que la venta había ingresado, más comisión e impuesto). También, 726.330 de dividendos.

Las transferencias le salieron más caras: 11 en unos seis meses, 4.245.640 dólares taiwaneses, por acciones de la matriz «baratas». La sociedad también respondió, pero el contrato de apertura obligaba a depositar el dinero en la propia cuenta de liquidación del cliente, y su web describía esa compra como un trámite en línea. Con su experiencia, razonó el tribunal, bastaba una llamada para comprobarlo. Le atribuyó un 30 % de culpa (artículo 217). El agente ya había devuelto 536.780; del resto, 3.708.860, la sociedad respondía solidariamente por el 70 %: 2.596.202.

En lo penal, el agente recibió un año y diez meses por estafa y otro tanto por administración desleal, en sentencia firme. En mayo de 2024 el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de la sociedad (resolución).

¿Y si el ingeniero le hubiera dado su contraseña al agente? En septiembre de 2023 el mismo tribunal rechazó la demanda de un cliente que había dejado libreta, sello y contraseña a una persona de confianza desde que esta trabajaba en un banco, para invertir en fondos cotizados de Estados Unidos. Era un encargo privado, anterior a su empleo en la sociedad y ajeno al contrato de la cuenta, cuyos documentos advertían de no hacerlo. La sanción de la Comisión de Supervisión Financiera a esa persona no cambió el resultado. Como inversor profesional, aquel cliente tampoco era «consumidor financiero» (artículo 4, apartado 1, número 2). Es una sentencia de segunda instancia, sin resoluciones posteriores en la base de datos judicial (sentencia).

Qué puede hacer un abogado en Taiwán

En Taiwán, un abogado puede redactar la queja y las solicitudes ante el ombudsman o el SFIPC, acudir a la sesión en su nombre, presentar la denuncia penal y demandar al agente y a la sociedad. Hovering International Law Firm (昊鼎國際法律事務所) recibe consultas en wei@hoveringlaw.com.tw, en inglés, chino, japonés o coreano (asuntos que atendemos); sus oficinas están en Taipéi, 103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2, y en Taichung, 40453 臺中市北區館前路19號6樓之1. Los chats en que el agente pidió el dinero en su cuenta muestran de dónde salió la idea; esas transferencias costaron al cliente de 2023 un 30 % de esa parte del daño.

Fuentes oficiales

Fecha de consulta: 22 de octubre de 2026.

• Código Civil de Taiwán (民法), artículos 188, 197 y 217.
• Ley de Protección de Inversores en Valores y Operadores de Futuros (證券投資人及期貨交易人保護法), artículos 4, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26 y 28.
• Reglamento de organización y procedimiento de los comités de mediación del centro de protección de inversores (證券投資人及期貨交易人保護機構調處委員會組織及調處辦法), artículos 12, 13, 13-1 y 13-2.
• SFIPC (投保中心), presentación de la mediación (asuntos de hasta un millón de dólares taiwaneses) y preguntas frecuentes, en chino.
• Ley de Protección del Consumidor Financiero (金融消費者保護法), artículos 4, 13, 29 y 30.
• Comisión de Supervisión Financiera, aviso de 18 de marzo de 2022 (金管法字第11101915421號).
• Reglamento sobre la inversión en valores de los compatriotas de ultramar y los extranjeros (華僑及外國人投資證券管理辦法), artículos 3, 4, 10, 16, 17, 19 y 21.
• Base de sentencias del Yuan Judicial: Tribunal Superior de Taiwán, 111 Zhong Shang n.º 962 (11 de abril de 2023); Tribunal Supremo, 112 Tai Shang n.º 1631 (22 de mayo de 2024, recurso de la sociedad inadmitido); Tribunal Superior de Taiwán, 111 Jin Shang n.º 3 (12 de septiembre de 2023, segunda instancia).