Ciento veinte mil dólares taiwaneses. Es el límite hasta el que una sociedad de valores o de futuros de Taiwán tiene que aceptar la decisión del centro de evaluación de controversias financieras (金融消費評議中心) en una disputa sobre intermediación ordinaria, siempre que haya aceptado de antemano el procedimiento (artículo 29.2 de la Ley de Protección del Consumidor Financiero (金融消費者保護法)). El aviso de la Comisión de Supervisión Financiera (金管會) de 18 de marzo de 2022 reserva un tope de 1,2 millones a una lista de productos, entre ellos los fideicomisos, los derivados contratados con bancos o la gestión discrecional de futuros, y la compraventa por cuenta de clientes de acciones o futuros cotizados no figura en ella (aviso de la Comisión). Si la decisión supera la cifra, la empresa solo queda vinculada cuando el cliente acepta rebajarla hasta el límite.
A esa cifra se llega al final. Antes hay que probar dos cosas: que el fallo fue de la empresa y cuánto costó.
Una orden de venta de futuros sobre el índice de Taiwán, enviada desde la aplicación en plena caída del mercado, se queda varios minutos en «enviando» y acaba ejecutándose bastante más abajo (caso inventado). ¿Quién paga la diferencia?
La orden y su hora
Según el artículo 37 del Reglamento de las sociedades de futuros (期貨商管理規則), la sociedad de futuros ejecuta cada orden conforme a lo que dice la orden, por mercado y producto, siguiendo el método de envío o el orden temporal. En una orden retrasada todo gira en torno a dos momentos: cuándo salió de la aplicación y cuándo la recibió la empresa. El primero queda en la pantalla del cliente, si la capturó con el reloj del dispositivo a la vista. El segundo hay que buscarlo en los archivos de la sociedad, que debe guardar el contenido de las órdenes transmitidas por sistema informático al menos un año y, si hay controversia, hasta que se resuelva (artículo 36 del mismo reglamento).
El precio está en otros papeles. Tras cada ejecución, la sociedad de futuros emite un informe de operación (買賣報告書) con la cuenta, la fecha, el mercado, el contrato, la cantidad, el precio, el sentido y las comisiones, entre otros datos (artículo 39 del reglamento de futuros). En acciones, la sociedad de valores también emite ese informe cuando se ejecuta la orden, por regla general (artículo 42 del Reglamento de las sociedades de valores (證券商管理規則)). El extracto mensual de futuros se prepara antes del día 5 del mes siguiente con todas las operaciones y el resultado del mes; un ejemplar va al cliente y la sociedad guarda el otro dos años (artículo 52 del reglamento de futuros).
¿Y si el cliente pregunta y nadie contesta? La sociedad de futuros no puede dejar sin la respuesta y la gestión necesarias una consulta sobre sus operaciones cuando eso perjudica los derechos del cliente (artículo 55 del reglamento de futuros, inciso 8). Por escrito, la consulta queda fechada.
Otra cosa es que la orden no la diera usted, sino alguien que entró en su cuenta. Ese caso se trata en Cuenta de forex hackeada viviendo en Taiwán.
Por qué responde la empresa
Si el retraso vino de un proveedor o de otra persona que la empresa usa para cumplir con el cliente, el artículo 224 del Código Civil (民法) le imputa esa culpa como si fuera propia, salvo pacto en contrario. Que un proveedor informático concreto encaje ahí depende de los hechos y del contrato.
Por regla general, el deudor responde de su dolo y de su culpa (artículo 220 del Código Civil). Si cumple de forma defectuosa por causa que le es imputable, el acreedor puede reclamar, también por los daños que van más allá de la prestación defectuosa (artículo 227). La obligación incumplida nace del contrato de intermediación (受託契約) que la sociedad de futuros debe firmar con el cliente antes de aceptar órdenes (artículo 30 del reglamento de futuros). Y la Ley de Protección del Consumidor Financiero le exige la diligencia de un buen administrador al prestar el servicio (artículo 7.3 de esa ley).
Además, la relación con la sociedad puede encajar en la comisión mercantil (行紀) que define el artículo 576 del Código Civil: negociar en nombre propio, por cuenta ajena y a cambio de una retribución. Salvo lo que disponga esa misma sección, a la comisión se le aplican las normas del mandato (artículo 577), y dos de ellas juegan a favor del cliente: el mandatario retribuido debe la diligencia de un buen administrador (artículo 535) y responde de los daños que cause por su culpa (artículo 544). Que un tribunal acepte ese encaje dependerá del caso.
Queda la posible cláusula que exima a la empresa de las caídas del sistema. Si el contrato la incluye, no cierra la discusión, sino que la desplaza hacia el grado de culpa del retraso y hacia la forma en que se redactó. Frente al dolo o la culpa grave no vale ninguna exención pactada de antemano (artículo 222 del Código Civil), y si la cláusula forma parte de un contrato de adhesión redactado por la empresa, es nula en lo que resulte manifiestamente injusto según las circunstancias (artículo 247-1).
Cuánto vale la diferencia
Lo que se indemniza es el daño sufrido y la ganancia dejada de obtener, y cuenta como ganancia perdida la que podía esperarse según el curso normal de las cosas (artículo 216 del Código Civil). En la orden atascada, el daño es la distancia entre el precio al que se habría ejecutado sin el retraso y el precio real. El primero hay que reconstruirlo con la hora de envío y los precios del mercado en esos minutos.
La culpa del cliente también entra en la cuenta. Si contribuyó a causar el daño o a agrandarlo, el tribunal puede reducir la indemnización o suprimirla (artículo 217). Reenviar la misma orden una y otra vez mientras la aplicación da errores puede acabar en ejecuciones que nadie quería.
Una multa de la autoridad no altera esa cuenta: ninguno de los dos artículos que la prevén destina el dinero al cliente. El artículo 119.1.2 de la Ley de Negociación de Futuros (期貨交易法) castiga con entre 120.000 y 2,4 millones de dólares taiwaneses a la sociedad de futuros que infringe las normas dictadas en virtud del artículo 56.5 de esa ley, como el reglamento de las sociedades de futuros; el artículo 178-1.1.4 de la Ley de Valores y Bolsa (證券交易法) fija entre 300.000 y 6 millones para la sociedad de valores que no aplica de verdad su control interno.
Treinta, sesenta, noventa
Treinta días tiene la empresa para tramitar la queja que el cliente debe presentarle primero. Sesenta días, contados desde su respuesta o desde que venció ese plazo sin respuesta, tiene el cliente para pedir la evaluación (artículo 13.2 de la Ley de Protección del Consumidor Financiero). No se admite la solicitud sin queja previa, la presentada mientras la empresa aún tramita la queja y no han pasado los treinta días, ni la que llega fuera de plazo (artículo 24.2 de la misma ley). Y noventa días, desde que la decisión queda aceptada, tiene el cliente para pedir que el centro la envíe al tribunal; con la homologación judicial vale como una sentencia civil firme (artículo 30 de la misma ley).
La nacionalidad no cuenta. La misma ley llama consumidor financiero a quien recibe un producto o servicio financiero, y solo deja fuera a las instituciones de inversión profesionales y a las personas físicas o jurídicas que cumplen ciertos requisitos de patrimonio o capacidad profesional (artículo 4 de esa ley).
Fuera del centro de evaluación queda la mediación del centro de protección de inversores (SFIPC), explicada en El agente de bolsa le pidió el dinero en su cuenta personal.
Para demandar no hace falta la queja previa, y los plazos son otros. La acción extracontractual prescribe a los dos años desde que se conocen el daño y el responsable y, en todo caso, a los diez desde el hecho (artículo 197 del Código Civil). Si se apreciara que la empresa infringió la propia ley del consumidor financiero, el tribunal podría añadir una indemnización punitiva de hasta el importe del daño por culpa, o hasta el triple por dolo; esa pretensión prescribe a los dos años desde que se conoce la causa y a los cinco desde que se produjo (artículo 11-3 de la Ley de Protección del Consumidor Financiero). Que un fallo informático encaje ahí es discutible. El plazo más largo es el de la acción contractual: en general, 15 años (artículo 125 del Código Civil).
Qué puede encargar a un abogado en Taiwán
Lo central es una cifra: cuánto habría obtenido la orden sin el retraso. Un abogado en Taiwán puede reconstruirla con los archivos de la orden y los informes de operación, que pedirá por escrito y en chino a la sociedad, y con ella elegir la vía: el propio centro, la mediación del SFIPC o la demanda (asuntos que atendemos). Las consultas pueden dirigirse a Hovering International Law Firm (昊鼎國際法律事務所) en wei@hoveringlaw.com.tw. La oficina de Taipéi está en el piso 7-2, n.º 35, sección 1 de Chengde Rd., distrito de Datong, Taipéi 103 (臺北市大同區承德路一段35號7樓之2).
Reconstruida la diferencia de precio, toca ponerla junto a los 120.000 dólares taiwaneses del principio. Esa comparación decide qué alcance tendrá para la empresa la decisión del centro.
Fuentes
Consultadas el 28 de octubre de 2026.
- Código Civil (民法), artículos 125, 197, 216, 217, 220, 222, 224, 227, 247-1, 535, 544, 576, 577
- Ley de Protección del Consumidor Financiero (金融消費者保護法), artículos 4, 7, 11-3, 13, 24, 29, 30
- Reglamento de las sociedades de futuros (期貨商管理規則), artículos 30, 36, 37, 39, 52, 55
- Reglamento de las sociedades de valores (證券商管理規則), artículo 42
- Ley de Negociación de Futuros (期貨交易法), artículos 56 y 119
- Ley de Valores y Bolsa (證券交易法), artículo 178-1
- Comisión de Supervisión Financiera, aviso de 18 de marzo de 2022 sobre el importe que las empresas deben aceptar (金管法字第11101915421號; en chino)
Preguntas frecuentes
- El retraso lo causó el proveedor informático de la sociedad, no la propia sociedad. ¿Responde igualmente?
- Puede responder. Según el artículo 224 del Código Civil de Taiwán, la culpa de los representantes o de las personas que el deudor usa para cumplir su obligación se le imputa como propia, salvo pacto en contrario. Que un proveedor concreto entre en esa categoría depende de los hechos y del contrato. La Ley de Protección del Consumidor Financiero exige además a la empresa la diligencia de un buen administrador al prestar el servicio (artículo 7.3 de esa ley).
- Presenté una queja y la empresa no contesta. ¿Cuándo puedo acudir al centro de evaluación?
- La empresa tiene 30 días desde que recibe la queja. Si no responde en ese plazo, el cliente dispone de 60 días desde que venció para presentar la solicitud (artículo 13.2 de la Ley de Protección del Consumidor Financiero). Una solicitud presentada antes de que pasen los 30 días, o fuera de plazo, no se admite (artículo 24.2 de la misma ley).
- ¿Puedo demandar directamente a la empresa, sin pasar por el centro de evaluación?
- Sí. La queja previa es un requisito para pedir la evaluación (artículos 13.2 y 24.2 de la Ley de Protección del Consumidor Financiero), no para acudir a los tribunales. El límite de 120.000 dólares taiwaneses se refiere solo a las decisiones del centro que la empresa debe acatar (artículo 29.2 de la misma ley); un tribunal no está atado a esa cifra. La demanda sigue, eso sí, los plazos de prescripción del Código Civil, como los 15 años de la acción contractual (artículo 125).
Este artículo ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico sobre ningún caso concreto.



